La Sección Regional de Madeira del Tribunal de Cuentas ha publicado un informe de auditoría en el que detecta varias irregularidades en las ayudas concedidas por el Gobierno Regional a las 43 Casas do Povo de Madeira durante 2022 y 2023. La revisión no detectó infracciones financieras, pero sí identificó problemas como financiación doble, ausencia de manuales de procedimiento y retrasos en la devolución de excedentes. En total se transfirieron alrededor de 7 millones de euros, de los cuales la mitad se destinó al Programa de Apoyo a la Garantía de la Estabilidad Social (PROAGES), mientras que un tercio cubrió los costes de funcionamiento y las iniciativas sociales, económicas y culturales locales. Otro 10 %, unos 676.000 €, se asignó a la promoción de la cultura y las tradiciones vinculadas a la agricultura y la vida rural. El examen detallado del Tribunal sobre las Casas do Povo de Ponta do Sol y Curral das Freiras constató que algunos gastos se presentaron a más de una entidad financiadora para acumular ayudas. También señaló que cuatro centros comunitarios —Camacha, Câmara de Lobos, Ponta do Sol y Curral das Freiras— no contaban con sistemas contables que separasen los gastos por fuente de financiación. El informe indicó que la devolución de los fondos excedentarios del PROAGES, que ascendieron a 256.380 € en 2022 y 189.022 € en 2023, solo comenzó a mediados de 2025, y ordenó a los responsables de los dos centros comunitarios auditados, junto con los Secretarios Regionales de Inclusión, Trabajo y Juventud, y de Agricultura y Pesca, que informen de las medidas de cumplimiento antes del 30 de noviembre de 2026.
