El 15 de mayo de 2026, el presidente del Gobierno Regional de Madeira, Miguel Albuquerque, pidió cambios en la ley de alquileres de Portugal que permitirían desalojar al día siguiente a los inquilinos que dejen de pagar la renta. Afirmó que la medida aliviaría la presión sobre el mercado de la vivienda, especialmente en un momento en que el acceso a alquileres asequibles es muy limitado. Hablando en la Universidad de Madeira, sostuvo que la falta de pago del alquiler debería conllevar la expulsión inmediata y que no se debe esperar que los propietarios asuman funciones de servicios sociales. Albuquerque vinculó la crisis de vivienda de Madeira con los obstáculos legales y las largas demoras judiciales que dificultan desalojar a los inquilinos que dejan de pagar. Hizo estos comentarios al margen de una conferencia organizada por la Estrutura de Misión para el 50.º aniversario de la autonomía de Madeira en la Universidad de Funchal, donde el evento se centró en la política sanitaria y el debate público. El artículo señala que, en Madeira, al igual que en el resto de Portugal y en la mayoría de los países desarrollados, los desalojos siguen requiriendo trámites formales, como advertencias, audiencias, recursos y plazos de espera. También advierte que acelerar los desalojos podría afectar con más dureza a los inquilinos vulnerables, incluidas madres solteras, pensionistas, trabajadores con bajos ingresos y familias que viven únicamente de la pensión de jubilación, mientras que encontrar otra vivienda asequible en la región insular es cada vez más difícil.
